A partir de mañana, la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), iniciará el conocimiento de las impugnaciones que presentarán los partidos políticos sobre los resultados de las elecciones congresuales y municipales del domingo 16, un proceso de ley que debería llevarse a cabo con absoluto apego a los hechos y al derecho.

Ese tribunal contencioso no debería a partir de mañana convertirse en gallera de pueblo, sino en honorable Corte que pueda pronunciarse con apego a la legalidad, sin aceptar presiones de ninguna de las esquinas, porque la obligación de esos magistrados es de obrar conforme a su conciencia y en respeto absoluto a la ley.

Más que resabios mediáticos o advertencia de que se aplicaría el poder que se detenta, los partidos políticos deberían aportar los fardos probatorios de cargo o descargo que dicen tener, sobre la ocurrencia de algún tipo de fraude o de que votaciones y resultados han estado cónsonos con la voluntad popular.

La ciudadanía no desea que a partir de mañana se instale en la JCE un tipo de Coliseo Romano o de gallera de pueblo; a lo que se aspira es a audiencia pública, oral y contradictoria, en la que cada cual exponga sus alegatos y deposite la documentación requerida a los fines de que libremente, los jueces electorales produzcan sentencias o fallos que sean aceptados por las partes sin condicionalidades.

Es menester insistir en que los votantes sufragaron de manera voluntaria, sin ningún tipo de restricción, por lo que la Cámara Contenciosa debe ofrecer garantías jurídicas de que el voto emitido ha sido respetado, al ser certificadas las actas electorales.

La aun débil democracia dominicana no merece que se le obligue a ingerir de nuevo la cicuta de una crisis política derivada de denuncia sobre fraude colosal, porque el liderazgo político debería entender que son otros los tiempos, a menos que el barco de la institucionalidad haya navegado en círculo por 50 años.

Las querellas referidas a fraudes o irregularidades en conteo de votos, compras de cédulas y uso o abuso de recursos públicos, deben ser ventiladas en la sala de audiencia de la Cámara Contenciosa, sin que un bando u otro aspire a que entre el mar en caso de sentencia contraria.

La nación toda estará muy atenta al proceso de impugnaciones que se inicia a partir de mañana, en la esperanza de que por esta vez, el liderazgo político ofrezca muestra de madurez, sensatez y respeto a los designios de la ley y a la voluntad de los electores.