A propósito del debate que ha surgido sobre el barrilito que el presidente del Senado y otros congresistas defienden, es oportuno recordar que en la cumbre por la unidad nacional frente a la crisis económica mundial el Gobierno acogió la eliminación del cuestionado programa, acordado por la mesa de consolidación institucional.

Habría que determinar las razones por las cuales a un año del encuentro convocado por el presidente Leonel Fernández con el propósito de consolidar y profundizar la gobernabilidad democrática no se ha dado cumplimiento a una de las conclusiones de la mesa que coordinó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán.

A través del programa, que para el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) no tiene razón de ser, los congresistas se embolsillan mensualmente 19.1 millones de pesos, sin ningún tipo de fiscalización ni rendir cuentas a nadie, dizque para obras sociales. Se sabe que a lo más que llegan, en la mayoría de los casos, es a fomentar el clientelismo y a cierta dádiva a una que otra entidad para guardar las apariencias.

Frente a la diversidad de entidades públicas con cuantiosos presupuestos para cumplir precisamente funciones sociales, la verdad es, como ha declarado el licenciado Julio César Castaños Guzmán, que el barrilito sólo se justifica por el privilegio que representa para los congresistas. No tiene ninguna otra razón de ser.

Pese a la defensa del presidente del Senado, quien estimó que Castaños Guzmán había errado el tiro al proponer su eliminación, lo cierto es que el programa ha dado de qué hablar desde el primer momento. El hecho de que en la cumbre celebrada a principios de marzo de 2009 se recomendara su supresión y que el Gobierno la acogiera, aunque no la cumpliera, refleja el malestar con un programa que convierte a los legisladores en los servidores estatales mejor remunerados. Aunque, como se ha visto, sus beneficios no se correspondan con sus servicios.

Ahora que el tema ha vuelto sobre el tapete el Gobierno debería explicar la razón por la cual no ejecutó, pese al compromiso, la recomendación de la mesa de consolidación institucional de erradicar un privilegio que se considera inmoral e ilegal. La indecisión deja todavía más mal parada no sólo la cumbre de las fuerzas vivas sino ese tipo de iniciativa como recurso para abordar los problemas nacionales. En modo alguno se puede pensar que el Poder Legislativo, que formaba parte del encuentro, terminó por torcerle el brazo para salirse con las suyas.