El Ministerio de Educación invocó el artículo 48 del Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes para advertir a los colegios privados que por ninguna causa pueden privar de la enseñanza a un estudiante. La advertencia no deja de ser importante, aunque cabe suponer que los centros educativos no son ajenos a la legislación.

Exponer un estudiante al borde de perder el año escolar por problema de pago no sólo constituye un abuso, sino un desafío al principio de autoridad. Y si los padres han acudido a los medios de comunicación se debe, en gran medida, a la falta de confianza en las instancias correspondientes.

El drama que afrontan los estudiantes cuyos padres no están al día en las mensualidades representa, además de una prueba, una invitación al Ministerio de Educación para supervisar con más rigor la operación de centros de enseñanza que actúan como si fueran islas de poder.

Porque los colegios, sin reparar en lo que disponen las leyes, se toman cada año la libertad de expulsar o privar de exámenes a estudiantes por problemas de pago, así como de reajustar la tarifa a la medida de sus intereses. De hecho, para el próximo año escolar han dispuesto alzas entre un 10 y un 45 por ciento bajo el pretexto del aumento del salario mínimo, de la tarifa eléctrica y de los carburantes.

Las deficiencias en la enseñanza pública es lo que ha fomentado ese monstruo que es la educación privada. A ningún padre, por constreñida que sea su situación económica, se le puede reclamar que opte por un sistema que no garantiza ni siquiera el aprendizaje de conceptos básicos.

El conflicto con los estudiantes amenazados de perder el año escolar por falta de pago se presta para ver el problema en toda su dimensión. Pero no para teorizar ni repetir la misma consabida cantaleta, sino para abordarlo aunque en base a lo que establecen las leyes.

La prudencia con que ha reaccionado Educación no puede considerarse una muestra de debilidad. De ninguna manera. Pero el abuso con que han amenazado los colegios privados amerita de una respuesta clara y enérgica, que no deje lugar a la menor duda que se actuará en consecuencia.

Tiene que ser así frente a negocios que, a sabiendas de que la ley prohíbe la suspensión no de exámenes finales, sino de servicios educativos, se arrogan la potestad de traumatizar estudiantes con decisiones tan arbitrarias como exponerlos a perder el año escolar.