Obligado a lo imposible

Más que en complicadas consideraciones de política internacional, la negativa del Gobierno a suscribir el Pacto Migratorio está sustentada en el principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible, menos un Estado que comparte la isla con otro donde el 80 % de su población malvive en pobreza extrema.

Ese pacto no fue negociado ni redactado para afrontar la problemática migratoria dominico haitiana ni modifica la agenda que las grandes metrópolis pretenden aplicar basada en obligar a República Dominicana a cargar con el drama del vecino.

La ONU define ese convenio como “el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados”, lo que en el caso nuestro implicaría cuestionar y revisar sentencias del Tribunal Constitucional y leyes del Congreso.

No hay que ser un experto en derecho internacional ni en materia migratoria para entender que ese pacto fue concebido y negociado para ser acatado y aplicado por las naciones de Europa, agobiadas por enormes flujos migratorios procedentes de África y Medio Oriente.

En 2018 han muerto o desaparecido 3,341 personas en las rutas migratorias de todo el mundo, pero la mayoría (2,133) perecieron ahogadas en el mar Mediterráneo al intentar alcanzar costas europeas.
El flujo de indocumentados hacia Europa es un problema tan serio que un pesquero español estuvo varado por más de una semana porque ningún país europeo le permitía atracar con 12 migrantes libios que había rescatado en el mar.

La ONU mercadea el Pacto Mundial sobre Migración, hasta como un buen negocio, al señalar que “muchos países necesitan trabajadores extranjeros” y que “si quieren mantener su nivel económico actual o incluso hacer crecer la economía, tendrán que recibir extranjeros bien formados…”

Se critica al Gobierno porque ha rechazado suscribir ese convenio, que aprobó en una primera instancia en la ONU. La misma crítica sería válida para diez países europeos que también rehúsan ingresar a esa convención que aprobaron hace meses. Todo cambia cuando se revisa la conexión de ese pacto con el interés particular de República Dominicana.

La situación migratoria no es la misma que la de Europa, cuyos Estados están obligados a responder sobre un incremento del flujo migratorio procedentes de sus antiguas colonias y porque son responsables de las guerras, del saqueo de recursos naturales o mineros y, por consiguiente de las penurias y miserias de esas gentes.

Los dominicanos no hemos saqueado a Haití ni somos culpables de su miseria ni podemos con el papel de Cirineo de ese pobre pueblo, obligación que corresponde a naciones del Primer Mundo que poblaron de esclavos ese territorio para explotarlos y extraer enormes riquezas con su sudor y sufrimiento.