El color del cristal

El rechazo a la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que invalidó la convención del PRD, desató los mil demonios en la oposición, Iglesia y sociedad civil, cuyos líderes advirtieron sobre la llegada de una dictadura, sin detenerse a reparar que fue un juez disidente de esa corte quien denunció la ilegalidad de ese fallo.

No se objeta que el liderazgo político, eclesial o social exhiba epidermis sensible cuando se trata de acciones que pueden vulnerar aspectos del ordenamiento jurídico, pero al menos en el caso de referencia debió debatirse el contenido de los votos de magistrados disidentes ante esa sentencia.

Llama la atención que tan repentina reacción ante el cuestionamiento a la resolución del TSE, ante el cual llegó a anunciarse que el país estaba a las puertas de una dictadura, no se repitiera frente al embate político y fáctico que se dirige hoy contra la Junta Central Electoral (JCE).

Con las mismas facultades constitucionales que el TSE, la JCE emitió una resolución sobre el voto de arrastre, en la que se establece que los electores de 26 provincias que no están divididas en circunscripciones electorales, escogerán de manera directa al senador.

En el Distrito Nacional, provincias Santo Domingo, La Vega, Santiago, Puerto Plata y San Cristóbal, divididas en circunscripciones, se mantendría el voto de arrastre, conforme a la decisión de la JCE, lo que también ha desatado los mil demonios en los mismos litorales, solo que no se habla de dictadura.

Lo mismo que la sentencia del TSE, la posible ilegalidad de la JCE puede ser cuestionada mediante recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), pero debe subrayarse que en el caso de la Junta ningún juez disidente denunció prevaricación.

Líderes y dirigentes políticos y representantes de la mentada sociedad civil cuestionan de manera directa la idoneidad de los miembros de la JCE, al extremo de reclamar su renuncia, pero nadie llama la atención sobre la llegada de una dictadura.

Los magistrados de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín, Henry Mejía y Altagracia Gracianos de los Santos, son ciudadanos con extensa hoja de servicio en el ámbito público y en el servicio judicial, que dignifican los roles que desempeñan en esa institución.

El partido oficialista tampoco está de acuerdo con la resolución de la Junta, pero no ha cuestionado la integridad de sus miembros, como tampoco lo hizo sobre los jueces del TSE, de cuya sentencia llamó la atención porque dos jueces la calificaron de ilegítima.

El cuestionamiento al fallo del TSE fue motivo para denunciar la llegada de una dictadura, pero los ataques irrespetuosos contra el pleno de la JCE son aceptados como buenos y válidos, lo que demuestra que “en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira.”