El presidente Luis Abinader ha dado lugar a lo que puede ser un interesante debate sobre la exclusión de la publicidad oficial de los medios que promuevan la difamación.
En el encuentro La Semanal con la Prensa, el mandatario se decantó por una política gubernamental que restrinja el acceso a contratos de publicidad estatal para medios que difamen, propaguen noticias falsas o promuevan conductas que contravengan normas de decencia.
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El caso es complejo, pues el proceso por la creación de una suerte de código no solo ético, sino profesional, necesitaría de una instancia tanto para su elaboración como para su aplicación.
Pero también cuando se plantea la posibilidad de que la publicidad pueda convertirse en arma para castigar a desafectos bajo el pretexto de la difamación. Pero lo suyo es solo una opinión.