La recién aprobada ley que autoriza el pago de deudas por obras estatales ejecutadas a pequeños contratistas volverá al Congreso Nacional al ser observada por el presidente Luis Abinader.

En su decisión el mandatario sostiene que la ley ordena desembolsos sin establecer montos exactos, sin identificar fuentes de financiamiento y sin garantizar que las obligaciones sean ciertas, líquidas y exigibles.

El mandatario reconoce el espíritu de la iniciativa y valora el trabajo de ambas cámaras legislativas al procurar honrar deudas legítimas del Estado con contratistas, supervisores, asfalteros y trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas.

Otro punto crítico señalado por el Ejecutivo es la ausencia de delimitación temporal. Al no establecer una fecha de corte a partir de la cual se consideren las obras a pagar, la ley abre la posibilidad de incluir reclamaciones de cualquier período, incluso obligaciones que pudieran estar prescritas.

Indica que el texto aprobado incurre en inconsistencias jurídicas y presupuestarias que ameritan una revisión integral antes de cualquier ejecución.

El eje de la observación presidencial descansa en la legalidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal.

Abinader sostiene que la ley pretende reconocer obligaciones financieras sin una verificación previa de su certeza y liquidez, delegando esa comprobación a un momento posterior.

Precisa que se invierte el orden prudente que debe regir el gasto público. “Reconocer primero y verificar después” expone al Estado a asumir compromisos sin conocer su magnitud real ni su impacto sobre el Presupuesto General de la Nación.

El jefe del Estado recuerda que la Constitución impone límites claros al endeudamiento y al gasto, obligando a programar ingresos y egresos conforme a la capacidad de pago del Estado.