El presidente electo de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, está tomando decisiones alentadoras en la selección de su gabinete de gobierno y la eliminación de ministerios y entidades públicas ineficientes e innecesarias, antes de tomar posesión oficial como presidente del país.

La promesa de campaña más importante que garantizó Abinader Corona es la de elegir un procurador general independiente que ejerza sus funciones de fiscalizador y garante de la justicia dominicana sin ataduras, preferencias u omisiones. En las palabras del presidente electo deja su promesa de campaña a continuación:

“Es imposible que la justicia funcione, sino es totalmente independiente. Esta es la columna principal de lo que nosotros vamos a construir para tener una sociedad verdaderamente eficiente y que pueda afincarse para conseguir el verdadero desarrollo que nosotros necesitamos.

Este procurador cuando comience a tomar expedientes de corrupción del gobierno del PLD (Partido de la Liberación Dominicana), o sin importar que sea uno de los nuestros, nadie podrá decir que fue el presidente que lo mandó. Lo que es el caso de ahora que el actual procurador es miembro del Comité Central del PLD, no se sabe si toma él las decisiones o lo mandan y el principal ejemplo es el caso de Odebrecht”.

Para aquellos de nosotros que tenemos memoria selectiva, el actual procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez ha secuestrado la justicia y su negligencia de perseguir todos los casos de corrupción del gobierno saliente de Danilo Medina. Este personaje nos tiene hartos a todos en la sociedad dominicana.

En el caso Odebrecht, en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América Latina sobre la constructora brasileña, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

En el caso nuestro la inversión de esta constructora brasileña en compra de voluntades y sobornos a funcionarios y políticos se monta a los 92 millones de dólares.

Por: Elvin Dominici