Una maestra de Derecho Internacional abogó por una Constitución interventora en la región, en la que el Estado garantice justicia social e intervenga en los principios y normas económicas.

María Mercedes Serrano Pérez, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, sostuvo que las características generales de la Constitución interventora están unidas al modelo denominado Estado social, que es el que interviene para alcanzar la igualdad material y la justicia social.

“La Constitución interventora debe contener principios y reglas económicas al máximo nivel como modelo de Estado social, que facilite la actualización y la presencia de las relaciones sociales y económicas”, precisó Serrano Pérez.

Explicó que las características de ese estado social van a definir como la Constitución interventora modula los elementos económicos”, precisó.

Al referirse a la Constitución económica intervencionista, destacó que en el mercado y en el sistema de economía de mercado tienen lugar las relaciones económicas descentralizadas y desconcentradas, que están basadas en la libertad y la competencia. “La Constitución económica interventora puede actuar cuando se altera el conjunto de facultades individuales basadas en la libertad y en la igualdad de oportunidades que caracterizan la libertad de empresa”, agregó.

En tanto que Eduardo Jorge Prats, catedrático de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) disertó sobre “El modelo de Constitución económica de la República Dominicana”, en la que resaltó que la Constitución de 2010 consagró una economía social de mercado, dotándonos de un sistema económico constitucionalizado.

Planteó un cambio de paradigmas hacia los modelos económicos, ya que contamos con una Constitución ideológica programática, que consagra programas de transformación social con las políticas públicas que deben implementarse con cada derecho social. “Porque nuestra Constitución sabe que la sociedad dominicana se caracteriza por la pobreza, por la marginalidad, por la exclusión y por la discriminación, y por eso ella contiene un programa o un proyecto de programas de trasformación social, que están establecidos en el artículo 39”, agregó.

Durante el evento organizado por el TC, expertos nacionales e internacionales participaron en el panel “Los modelos de Constitución económica”, que fue moderado por el magistrado del TCRD, José Alejandro Vargas.

Cada participante planteó un modelo de Constitución económica. Enrique Arnaldo Alcubilla, juez del Tribunal Constitucional del reino de España hizo un recuento histórico de las constituciones liberales a partir del siglo XIX destacando el rol que desempeñaron en la creación de las condiciones idóneas para desarrollar el mercado sin la intervención pública.

Disertó sobre “La Constitución económica liberal”, término que afirmó fue definido por el experto Manuel García-Pelayo como un conjunto de las normas básicas destinadas a promocionar el marco jurídico fundamental para definir el funcionamiento de la actividad y del proceso económico.

Puntualizó que en el ámbito de las constituciones liberales se debe garantizar un determinado sistema económico basado en la economía de mercado con limitaciones sustentadas en las garantías de los derechos fundamentales y se refirió a la libertad de empresa como el núcleo de las cláusulas económicas de la Constitución.

Juan Fernando Durán Alba, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, España, abordó la Constitución económica ordoliberal, y señaló que existe un paralelismo entre la Constitución política, como instrumento de ordenación y limitación del poder, y la Constitución económica, como instrumento para la ordenación de la vida política de una determinada sociedad.

La jornada de trabajo del V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional: Derecho Constitucional y Globalización fue una oportunidad para reflexionar sobre un fenómeno que impacta la vida del mundo actual. Se realizó de jueves a viernes en el Hotel Jaragua.

Los juristas hicieron sus planteamientos en el V Congreso Internacional sobre “Derecho y Justicia Constitucional: Derecho Constitucional y Globalización”, organizado por el Tribunal Constitucional.