Rosa Medrano, presidenta de Adora, junto a su abogado Eduardo Jorge Prats.
SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) calificó este martes de abusiva y desleal la disposición de la Junta Central Electoral que prohíbe la publicidad de promoción política de los candidatos en los medios tradicionales.
Rosa Medrano pidió la inmediata revocación de la disposición, por considerar que atenta contra las empresas de radio y de televisión.
“Para nosotros esa decision ha sido sumamente impactante. Hemos perdido bastante tiempo, los candidatos necesitan dar a conocer su oferta y eso nos afecta directamemte”.
Dijo que la medida de la JCE afecta a las estaciones de los pueblos.
“Hay una competencia desleal. Esto crea un efecto de competencia desleal, no estamos en iguales condiciones”, dijo la presidenta de Adora.
Explicó que no tienen una cifra exacta de las pérdidas que genera, y dijo esperar que la prohibición sea hasta el día de hoy.
Esta mañana, el Tribunal Superior Administrativo tenía en el número 16 de su rol de audiencias el recurso de amparo interpuesto por Adora contra la JCE.
El recurso fue interpuesto por intermedio de sus abogados Eduardo Jorge Prats, Luis Antonio Sousa Duvergé y Roberto Medina Reyes, una acción de amparo preventivo y de extrema urgencia por la amenaza inminente de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la igualdad, libertad de expresión mediante la publicidad política y a la buena administración de los miembros de Adora, en contra de la Junta Central Electoral.
La acción de amparo interpuesta por Adora se fundamenta en que la actuación de la Junta Central Electoral, de prohibir la difusión de mensajes publicitarios de índole político a través de los medios de comunicación radiales y televisivos “en este período prelectoral, desborda el contenido esencial de los derechos fundamentales en perjuicio de los miembros de la asociación”.
Adora argumenta, además, que la actuación de la Junta Central Electoral restringe irrazonablemente la actividad económica de las empresas radiodifusoras; otorga un trato distinto o diferenciado a las empresas radiodifusoras y a los medios de comunicación digitales con respecto a la difusión de los mensajes publicitarios de promoción política que no se encuentra fundamentado en causas objetivas y razonables e inobserva el derecho a la buena administración que asiste a las empresas radiodifusoras al adoptar una medida manifiestamente arbitraria.
