La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido que podría sancionar a los partidos políticos que incurran en tipos de campaña sucia, que se definen como los intentos de conducir el proceso electoral hacia una negación de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de la República.

Todos los candidatos y partidos deberían atender la advertencia formulada por la JCE y adecuar sus estrategias y discursos electorales a promover el programa de gobierno que aplicarían en caso de ganar las elecciones o a debatir sobre debilidades y fortaleza de cada cual.

Banderías partidarias han desperdiciado tiempo y espacio en intercambio de expresiones distorsionadas o han recurrido a mentiras y verdades a media con fines de flagelarse mutuamente, sin tomar en consideración que tales procederes dañan o enturbian el proceso comicial.

Se sabe que la JCE dispone de las herramientas jurídicas y de monitoreo para evitar o prevenir formas de campaña electoral que se definan como guerra sucia e incluso de sancionar a las parcelas o personas físicas que promuevan ese tipo de inconducta, pero es preferible que propios partidos y candidatos adecúen sus discursos a los más altos estándares de civilidad.

Aunque el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, ha establecido clara diferencia entre campaña sucia y campaña negativa, a lo que aspira la ciudadanía es a que las ofertas electorales promuevan discursos propositivos, que no se cimenten exclusivamente en destacar los defectos o deficiencia del contrario.

Al votante corresponde de manera consciente determinar los atributos o defectos de cada candidato y, en base a ese examen o escrutinio de conciencia, ejercer su sagrado derecho a elegir libremente la boleta que será de su preferencia, sin interferencia o injerencia de ningún tipo.

El llamado a cese de los discursos electorales distorsionantes o agresivos ha de estar dirigido a todos los partidos y candidatos, aunque los que están o aspiren incursionar en esos censurables menesteres deberán sentirse como los primeros aludidos por la advertencia de la JCE de que tal práctica sería objeto de sanción.

A medio siglo de procesos electorales continuos, la ciudadanía ha demostrado asimilar plenamente los principios básicos de la democracia, mientras que el liderazgo todavía requiere de lecciones sobre como respetar el privilegio de los electores a ejercer plenamente el derecho de elegir sin sobresaltos al próximo Presidente y Vicepresidente de la República.