Bogotá.— La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico “puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente”, advirtió a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien pidió al Gobierno de Donald Trump “claridad” sobre los más de 80 muertos.
“Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico”, afirmó Rojas en una entrevista en Bogotá.
La directora adjunta de AI en Venezuela subrayó que la falta de transparencia de la Administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto de las normas internacionales.
Riesgos para civiles y migrantes
Aunque Estados Unidos sostiene que estos operativos están dirigidos contra redes del narcotráfico, Amnistía Internacional advierte que su impacto podría extenderse a comunidades costeras, pescadores artesanales y migrantes que usan rutas marítimas para huir de la región.
La organización, cuenta Rojas, ha documentado que parte de la migración venezolana reciente incluye personas que se desplazan por vías marítimas irregulares, lo que las coloca en riesgo en operativos sin mecanismos adecuados de verificación.
“La migración en condición de irregularidad proveniente de Venezuela ya va a llegar a medio millón de personas (…) y la cifra que está alimentando ese grupo es precisamente el ingreso por pasos no regulados”, explicó Rojas.
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Militarización en el Caribe
La Administración de Trump escaló en los últimos meses una ofensiva contra carteles latinoamericanos, a los que considera terroristas, y contra quienes se ha declarado en “conflicto armado directo” bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
El aumento de tensiones comenzó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y se ha extendido al Pacífico, involucrando también a Colombia, en la ofensiva denominada “Lanza del Sur”, ordenada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Los gobiernos de Nicolás Maduro (Venezuela) y Gustavo Petro (Colombia), ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
“Nuestra misión es resguardar los derechos de las personas (…) no se sigan cometiendo ejecuciones”, señaló Rojas, quien agregó que AI no logró contactar a uno de los pocos sobrevivientes repatriados, el colombiano Jeison Obando.
Obando, de 34 años, fue devuelto el 18 de octubre “con trauma cerebral, sedado, drogado y con ventilación asistida”, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
