La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró este miércoles que antes de iniciar cualquier debate relativo al Pacto Fiscal y otras iniciativas, es necesario y conveniente dar por concluido la discusión del Pacto Eléctrico.

Campo de Moya, presidente de la entidad, abogó además, por la institucionalidad del país, ya que a su entender sin instituciones fuertes, el Estado carece de los mecanismos necesarios para enfrentar los principales problemas que tiene el país.

De Moya, al hablar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, precisó que los diferentes sectores de la sociedad dominicana deben centrar la discusión en la terminación del Pacto Eléctrico y posteriormente abordar otros temas prioritarios como sería el debate del Pacto Fiscal.

“El sector empresarial ha sostenido y así lo hemos acordado con las autoridades, que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico que nos conduzca a una reforma del sector eléctrico consensuada que permita la eliminación o reducción sustancial en el sector eléctrico y que, por lo tanto, reduzca significativamente el déficit fiscal”, expresó.

Asimismo, De Moya afirmó que la falta de institucionalidad es lo que ha permitido en el país la corrupción y la violación constantes de las normas y leyes.

De Moya estuvo acompañado de Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de AIRD; Simón Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES); Andrés Marranzini, director ejecutivo de ASONAHORES; Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de ADIE; José Tomas Contreras, presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y José Manuel Torres, vicepresidente de ADOZONA.

El empresario destacó que la discusión del Pacto Eléctrico se encuentra en la fase 4 y destacó que en la misma se han logrado grandes avances, especialmente en el aspecto del marco institucional.

De su lado, Circe Almánzar expresó que la falta de institucionalidad del país encarece los costos operacionales de los empresarios, y citó como ejemplo que esa carga representa cerca de un 6% de la presión tributaria. Precisó que estos costos son en adición al pago de los impuestos.