La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido que más de dos mil 500 funcionarios del Gobierno, entidades autónomas y de ayuntamientos que optan por cargos electivos deberán cesar en sus funciones de inmediato.

Con el emplazamiento a ministros, directores generales, síndicos y otros servidores que se presentan como candidatos en las elecciones de mayo 16, la JCE aplica un mandato de la ley electoral que procura garantizar a los demás candidatos.

Un reporte de la Cámara Administrativa de la JCE revela que el Partido de la Liberación (PLD) postulará a cargos electivos a mil 202 funcionarios, en tanto que el Revolucionario (PRD) lleva en su boleta a 482.

Un total de 182 servidores de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad (ODC) fueron incluidos en la boleta electoral, por lo que se presume que si todos toman licencia como manda la ley, esa pequeña dependencia oficial cerraría sus puertas hasta después de las elecciones.

El Movimiento de Unidad y Cambio (Miuca), de los denominados partidos emergentes, postula a 307 empleados o funcionarios públicos, la mayoría vinculados con el ejercicio del magisterio o la burocracia del Ministerio de de Educación.

De los más de 2,500 servidores públicos que deben solicitar receso laboral, sólo uno ha cumplido con ese requisito, lo que indica que la JCE tendrá que imponer sanciones a quienes se declaren en rebeldía.

Si de verdad se aspira a elecciones libres, limpias y transparentes, es imperativo alejar a esos candidatos de las arcas gubernamentales, de las tesorerías municipales y de los barrilitos congresionales.

La JCE tendrá que emplearse a fondo y al menos denunciar a candidatos de cualquier color que usen dinero público para obtener ventajas electorales, en violación a la ley.

Es menester alejar a esos aspirantes de las chequeras oficiales.