El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, se erige cada año como un llamado de atención al mundo ante angustiantes estadísticas sobre asesinatos, agresiones físicas, sexuales y laborales perpetradas contra mujeres y niñas por motivo de género.

República Dominicana ha sido la génesis de efeméride instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en conmemoración del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por esbirros de la tiranía de Trujillo, del que se cumplen hoy 62 años.

Más de 60 mujeres han sido asesinadas en el país en lo que va de año por sus parejas, exparejas o individuos despechados, en tanto que una de cada tres damas ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, por lo que la ONU define el crimen de género como una pandemia mundial.

Ese tipo de violencia provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos, según ha advertido la ONU, drama que se refleja aquí donde el 35 % de las mujeres ha padecido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas.

Más de cien mujeres son asesinadas cada año y la mitad de esos homicidios son perpetrados por pareja anterior o actual, con lo cual los feminicidios se convierten aquí en una epidemia de salud pública, con la agravante de que las que más violencia sufren son jóvenes entre los 15 a los 19 años.

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Las sanciones prescritas en el Código Penal, así como las normas procesales vigentes contra los feminicidios y otras formas de violencia de género, no han surtido efecto ni para prevenir ese tipo de ilícito penal ni para castigar ejemplarmente a los homicidas y agresores.

La Procuraduría General de la República llegó a registrar entre 2005 y 2015 unos mil 78 feminicidios, y se ha mantenido en los siete años siguientes sobre los cien asesinatos de mujeres, cifras que colocan al país entre los de mayor violencia contra la mujer.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se renueva el reclamo para que Gobierno, Congreso, liderazgo político, empresarial, académico y social aúnen esfuerzos en el diseño y aplicación de políticas públicas contra toda forma de violencia de género, que promuevan y consoliden los derechos de la mujer y el principio de igualdad ante el hombre en todos los escenarios de la sociedad.