Sorpresa e indignación ha causado la orden de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de detener los embarques de azúcar producidos por el Central Romana basado en “información que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra sus trabajadores”, acusación que el consorcio rechaza.
Esa decisión, que puede tipificarse como absurda e injusta, se aplica días después de que la embajada estadounidense expresara preocupación por el “trato desigual” que dice aplican autoridades migratorias dominicanas contra estadounidenses de color al confundirlos con indocumentados haitianos.
El encargado de negocios de esa legación diplomática, Robert Thomas, justificó la sanción contra Central Romana al señalar que esa empresa incurre en prácticas de trabajo forzoso desde hace más de una década, además de afirmar que la medida está “completamente separada” de cualquier influencia política.
Lo que no ha dicho el señor Thomas es que el consorcio romanense ha sido sometido a una campaña de descrédito por congresistas estadounidenses, lo que ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la empresa, que alertó sobre el propósito de despojar al país de la cuota preferencial de exportación azucarera para ser asignada a otros países.
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Las autoridades aduanales estadounidenses alegaron, sin presentar pruebas ni evidencias, que Central Romana violó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzoso, como “abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida y exceso de horas extras”.
No hay forma separar esa sorpresiva penalidad contra uno de los mayores productores privados de azúcar del mundo del contexto de la inusitada presión que ejercen Estados Unidos y Naciones Unidas (ONU) sobre República Dominicana para que acepte el rol de recipiente de un eventual brote migratorio desde Haití.
Sin negar que congresistas estadounidenses ejercen presión para que se sancione a la industria azucarera local y poder así despojarla de la cuota preferencial, la sanción contra Central Romana se corresponde con las presiones que se urden desde Washington para obligar a la patria de Duarte a convertirse en “el tercer país” del que habla el presidente Joe Biden para acoger el eventual estallido migratorio haitiano.
Estados Unidos incurre en incalificable abuso e ingratitud contra una nación que se erige como modelo en América en vocación y fervor democrático, por lo que al Gobierno y pueblo dominicanos no les queda otro camino que resistir la tempestad y reiterar que la soberanía nacional no es negociable en ningún escenario.
