El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el próximo miércoles el recurso de amparo constitucional interpuesto por la Fundación Justicia y Transparencia contra el Consejo Económico y Social (CES), bajo el alegato de que con la firma del Pacto Eléctrico se violaron los más elementales principios de la democracia, la Constitución y las leyes.
La audiencia de ayer fue pospuesta a los fines de que la parte accionada (demandada) tome conocimiento de la constitución de intervinientes voluntarios de la Fundación Juan XXIII y el Conservatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
El conocimiento de la audiencia fue pautado para las 9:00 de la mañana.
Los accionantes reclaman que se respete el debido proceso y la tutela judicial efectiva para participar en la reestructuración del sistema eléctrico en cumplimiento de las leyes y la Constitución para opinar sobre el plan de expansión del servicio eléctrico.
El Conservatorio Dominicano de Políticas Públicas, representado por Fernando Peña, también solicita que se le permita participar para observar las auditorías de la Central Eléctrica Punta Catalina, la cual tendría gran influencia en el mecanismo de compra de energía.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, aseguró que la firma del acuerdo carece de legalidad, debido a que con la misma se violentaron los derechos fundamentales del sector social.
“Ese pacto se firmó sin que el mismo contara con la legalidad y legitimidad. Se violó el debido proceso de ley, el debido proceso administrativo, entre otros derechos fundamentales”, afirmó Potentini al depositar el documento.
