El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, ha revelado que por falta de recursos aún no se instalan 101 tribunales creados por ley, lo que indica que la ciudadanía ha quedado desprotegida en términos de servicio judicial por falta de presupuesto o de voluntad política para satisfacer esa necesidad imperiosa.

Subero Isa ha señalado que el Poder Judicial requiere de un partida de seis mil millones de pesos para poder cumplir con ese mandato de ley y proveer a decenas de municipios de herramientas jurídicas para dirimir conflictos y juzgar infracciones penales y civiles.

Al Poder Judicial apenas se le consignaron en la Ley de Gastos Públicos tres mil 208 millones de pesos, de los cuales el 95 por ciento está destinado a gastos y apenas 88 millones de pesos para construir y mantener edificaciones, por lo que resulta risible hablar de modernización de la Justicia.

El magistrado Subero Isa dijo que el Poder Ejecutivo apenas asignó a la Justicia el 1.5 por ciento del Presupuesto de 2010, a pesar de que la ley consigna que la partida debe representar el 2.67 por ciento del ejercicio presupuestal, lo que explica que el 77 por ciento de los servidores judiciales perciban salarios por debajo del valor de la canasta familiar básica.

La versión de que no se han podido instituir 101 tribunales creados por ley constituye un motivo de vergüenza para un Poder Judicial aguijoneado por la estrechez presupuestaria y para una sociedad que por esa causa acusa un evidente retroceso en el ámbito de la administración de justicia.

No se hable de estado de derecho ni de consolidación de la democracia en un país donde se viola la ley de Presupuesto, razón por la cual se perciben salarios de miseria en el ámbito judicial y se imposibilita poner en funcionamiento tribunales de justicia.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha escuchado las quejas del presidente de la Suprema Corte por los drásticos recortes presupuestales y ha acordado aunar esfuerzos para reclamar del Poder Ejecutivo suministrar las partidas requeridas para habilitar esos tribunales, jornada que debería contar con el respaldo de toda la colectividad.

El Poder Judicial no podría jamás producir el gran salto hacia delante, mientras Gobierno y clase política persistan en mantenerlo atado a la precariedad económica en base a la persistente violación de la ley que obliga a asignar a la Justicia el 2.67 por ciento del Presupuesto Nacional.