A las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo les corresponde esclarecer el extraño historial de la deshabilitada Administradora de Riesgos de Salud (ARS-UASD) que a ojos de la opinión pública se presenta como una especie de arroz con mango, sin registro de sus afiliados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ni en el Sistema de Seguridad Social (SDSS).

Se menciona que la UASD nunca cumplió con el requisito de ley 87-01 que regula el sistema, de constituirse en empleador ante el SDSS ni cotizó el 7.09 por ciento del salario de sus servidores que sólo tendrían que cotizar el 3.04% de sus sueldos, recursos que debían ser depositado en la TSS, conforme al artículo 140 de ese estatuto.

Si en verdad la UASD nunca se convirtió en empleador, ni cotizaba la parte que le correspondía en esa calidad ni tampoco depositaba los recursos en la Tesorería de la Seguridad Social, entonces puede decirse que la ARS que administraba esa academia poseía un exagerado papel de ente libre e independiente.

Los casi 20 mil empleados y familiares que durante años cotizaron en esa deshabilitada Administradora de Riesgos de Salud merecen que las autoridades universitarias expliquen el porqué del fracaso de tan extraña autogestión y las razones por las cuales no se tocó la voz de alarma cuando el déficit operativo acumuló deudas por 95 millones de pesos.

Ante un escándalo como ese, las autoridades de la UASD presentan la solución de siempre: que el Gobierno pague con dinero de los contribuyentes esos 95 millones de pesos y que todo marche igual, es decir sin afiliación ni depósito de recursos por ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que a todas luces resulta inadmisible.

Es difícil entender las razones por las cuales se veda a los empleados universitarios a ejercer la libre elección de Administradoras de Riesgos de Salud que ofertan sus servicios en el mercado, toda vez que es evidente que esa academia carece de capacidad financiera para solventar una ARS particular.

La Universidad Autónoma no está por encima del bien ni del mal, por lo que sus autoridades, si desean mantener en operación una estructura burocrática de gestión de servicios médicos, está en obligación de cumplir con la ley, sin ningún otro privilegio que los que señale de manera expresa la ley que regula el sistema. Los 19,685 afiliados a la ARS-UASD no deberían conformarse sólo con la promesa de que la academia solventará por sí misma sus gastos hospitalarios, porque les asiste derecho de reclamar una explicación tan amplia como sea posible de todo lo relacionado con ese arroz con mango.