El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé presentó ayer un nuevo gobierno que se centraría en la seguridad, recuperación económica y la organización de las elecciones, sin darse cuenta quizás de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene intención de repatriar a unos 714 mil haitianos que ingresaron a ese país durante la administración de Joe Biden.

La remodelación del gobierno haitiano se produce casi un mes después que finalizara el mandato del Consejo Presidencial de Transición, lo que retrasa el cronograma de organización de comicios generales que no se celebran desde hace diez años, que culminaron con la elección del presidente Jovenel Moise, asesinado cuatro años después.

Esa buena nueva, de que Haití estrena un gobierno con metas a corto plazo, penosamente coincide con la manifiesta intención del presidente Donald Trump de revocar el estatus de protección temporal a más de 340 mil haitianos, lo que conllevaría a su deportación.

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Ante la decisión de un tribunal federal de apelaciones, de revocar esa medida, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que durante los cuatro años del anterior gobierno demócrata ingresaron a Estados Unidos una cantidad de indocumentados haitianos equivalentes al 6 % del total de la población de Haití.

Los planes de Fils-Aime, de promover seguridad, recuperación económica y de organizar comicios en cinco meses, estarían condenados al fracaso si Washington emprende repatriaciones masivas de haitianos hoy amparados en un estatus de protección temporal.

Es el Departamento de Seguridad Nacional que informa que el 20 % del Producto Interno Bruto de Haití, equivalente a más de seis mil millones de dólares, provienen de las remesas que envía a su país la diáspora haitiana desde Estados Unidos, aunque advierte “que ese dinero no debería usarse para subvencionar economías extranjeras”.

El éxito de la lucha contra las bandas armadas que asolan a Haití y de las políticas que deben encaminarse para rescatar la economía e institucionalidad en ese país, están íntimamente ligados al cumplimiento por parte de la administración del presidente Trump del estatuto de protección temporal que ampara a más de 340 mil haitianos en Estados Unidos.

Al gobierno estadounidense le asiste derecho de repatriar a extranjeros indocumentados, pero se sugiere que no afecten a quienes poseen amparo legal, máxime si ese conglomerado, como fruto de su trabajo, remesa más de US$6,000 millones desde la primera economía del mundo a la nación más pobre del continente.