SANTIAGO. La fiscalía local está determinando el tipo de sanción que impondrá a los propietarios de las cabañas turísticas Ethics donde fueron apresadas 369 personas la madrugada de ayer, entre ellas varios menores de edad en una fiesta clandestina violando los protocolos anti covid-19 establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Así lo informó esta mañana el fiscal titular interino Osvaldo Bonilla, quien explicó que los apresados son sometidos por ante el juzgado de paz como así lo establece una resolución de la procuradora General de la República, Miriam Germán.

El pasado 15 de enero la procuradora general dispuso que el Ministerio Público debe procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de Estado de excepción, deberán ser sometidos ante un juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

“Los apresados serán sometidos ante el juzgado de paz como manda la resolución de la procuradora general de la República y al negocio se le pondrá una sanción que estamos determinando”, apuntó el magistrado Bonilla.

Ayer el vocero de la Policía, coronel Juan Guzmán Badía, dijo que las 369 personas detenidas, entre las que había varios menores de edad, se produjo a una llamada telefónica debido al escándalo mayúsculo que había en las cabañas turísticas Ethics ubicadas en la autopista Duarte.

“Se ocuparon unas 33 motocicletas, seis vehículos, 70 bocinas, decenas de hookahs y queremos resaltar que estas personas estaban sin mascarillas violentando el decreto presidencial y las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública”, apuntó.