El congreso de la República está intentando modificar el código penal, pieza fundamental dentro de la política criminal de un Estado y que, en nuestro caso, el que nos rige es herencia de la magnífica legislación francesa implantada desde el año 1822 con la ocupación de nuestro territorio por Haití y que continuó vigente al lograrse nuestra independencia 22 años después.
Pese a los muchos temas importantes que resultan necesario debatir sobre un cuerpo legal de tanta trascendencia, como la cuantía de las penas; el cúmulo de estas; la complicidad; la tipificación de distintas infracciones, entre otros, la mayor atención se ha concentrado en la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ante el increíble retroceso que significa lo que ha surgido de la aprobación que hizo la cámara de diputados sobre esta materia.

Es tan abundante lo que se ha dicho sobre la barbaridad de lo incluido por los diputados, que no motiva este artículo insistir sobre ese despropósito. Me basta enfatizar que reitera y profundiza el fracaso en todos los órdenes de la penalización generalizada del aborto.

No ha servido para nada, salvo para que mujeres con recursos aborten con seguridad; que las pobres continúen muriendo por las condiciones en que deben hacerlo; que nadie haya sido sancionado por esa práctica y que la doble moral siga caracterizando a quienes impulsan un anacronismo que nos inserta en grupo reducido de países que prohíbe el aborto en toda circunstancia, con el peligro para madres e hijos que eso implica.

En lo que quiero detenerme es en la ausencia de cohesión que esta aprobación pone de manifiesto respecto al matiz ideológico de quienes tienen supremacía en poder ejecutivo y congreso, entre quienes se supondría, por representar un proyecto de poder, identidad de criterios respecto a asuntos medulares de la vida nacional. Se deduce que para aplicar tal proyecto de nación es que el presidente dijo en campaña que necesitaba “su congreso”.

Lo insertado en la cámara baja sobre el aborto contradice de manera frontal la observación hecha por el primer mandatario al proyecto anterior. En ese sentido, uno se pregunta, qué se escuda detrás de esto. ¿Lo del presidente en aquélla ocasión fue actuación coyuntural? ¿Va a ratificar con su promulgación este adefesio jurídico, social, inhumano? ¿Se hizo así para propiciarle la oportunidad de que ratifique el aval social que le adicionó su anterior decisión? El tiempo dará las respuestas.