Gobierno y cúpula empresarial arribaron ayer a un acuerdo sobre cambios fiscales que parece evitarle mayores penurias al sector productivo aunque la población tendrá que afrontar aumentos que se dicen moderados en los precios de los combustibles.

El presidente Leonel Fernández prometió dejar sin efecto una propuesta de reforma a la Ley de Competitividad e Innovación Industrial que, según el empresariado, significaría un golpe demoledor al sector industrial, al comercio y al turismo.

Durante el encuentro en el Palacio Nacional entre el Presidente y su equipo económico con dirigentes empresariales, se acordó mantener la administración del Itebis en la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la fijación de precios a los combustibles en Industria y Comercio.

Aunque los resultados de esa reunión se definen de auspiciosos, los niveles de la indexación que se aplicará a los derivados del petróleo queda como un tormentoso lastre, cuyos efectos en el índice general de precios son impredecibles.

Con su decisión de revocar ese paquete fiscal, el Gobierno ha devuelto al sector empresarial su extraviado sosiego y desactivado un petardo social.

A pesar de la promesa oficial de que la indexación de un veinte por ciento sobre los precios de los combustibles sería aplicada de manera gradual en término de un año, empresarios del transporte anuncian desde ya paros que afectarían el acarreo de pasajeros y de mercancías.

El encuentro de ayer no ha despejado totalmente el riesgo de que se intente incendiar la pradera, por lo que se requiere que el Gobierno procure también algún tipo de avenencia con otros sectores de esos que saben llorar con el buche lleno.

Ojalá que lo acordado ayer signifique el inicio de una nueva relación entre Gobierno y empresariado basada en la transparencia, responsabilidad y el bien común y, sobre todo, para que otra vez el pueblo no pague platos rotos.