La injerencia en los temas internos de un país por parte de las grandes potencias es parte de su agenda consuetudinaria.

En el caso dominicano, inmediatamente comenzó la vida republicana, las naciones dominantes no cesaron en su política de meterse en nuestras cuestiones intestinas.

El nacimiento del Estado Dominicano en 1844 conformó un nuevo escenario en la diplomacia mundial, realidad que algunas potencias pretendieron ignorar desde el principio, lo que fue aprovechado por los entreguistas dominicanos que buscaban afanosamente protectorados y anexiones, fruto de su falta de fe en el proyecto independentista. Como ejemplo están Francia y Estados Unidos, naciones que se negaron a reconocer la República Dominicana.

En el caso de España, ésta y RD firmaron en 1855 el Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición, con el cual vino el primer cónsul: el escritor y periodista Antonio María Segovia e Izquierdo, trayendo éste, el fraude que desconoció la voluntad popular y que sentó las bases para la anexión a España en el año 1863.

Tomando como pretexto el convenio suscrito entre ambas naciones, Segovia comenzó a «reconocerle» la nacionalidad española a cuantos las solicitaran, siendo esto el primer peldaño para la adhesión a la patria ibérica, y ardid utilizado para el segundo gobierno de Buenaventura Báez.

El historiador Vetilio Alfau Durán en Clío, Escrito II dice al respecto: «El asunto de la Matrícula, o sea la acomodaticia interpretación y torcida aplicación del artículo 7 del Tratado Domínico-español de 1855, fue la base que utilizó el cónsul español Segovia para desplazar al general Pedro Santana de la Presidencia de la República, al general Antonio Abad Alfau de la Vicepresidencia y al también general Manuel de Regla Mota de la Presidencia e imponer a Buenaventura Báez en dichos cargos».