Los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho no han respondido a la carta que les envió la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, donde los llama a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial.
En la misiva a sus adjuntos, la magistrada les señala que no es conveniente dar una respuesta apresurada de las decisiones de los tribunales sin ser leídas debidamente.
«Los jueces y juezas, como administradores de justicia, son criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso» aconsejó.
Germán Brito explicó a sus adjuntos que las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo a contribuir con los juicios paralelos.
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«Nuestro trabajo en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales», dijo.
Este periodista trató de contactar a la magistrada Berenice Reynoso, pero fue imposible localizarla y Camacho preguntado al respecto, eludió el tema.
La magistrada señala que en los últimos días se han producido situaciones que colocan a la Procuraduría General de la República y a la totalidad del Ministerio Público, en un estado de vulnerabilidad y, por qué no, con un paño de vergüenza ajena.
Refiere que en la administración de justicia cada quien juega su rol: juristas, jueces y fiscales y que en el caso del Ministerio Público existe una entrega mayor a la legalidad y a la imparcialidad para mantener la integridad del sistema, como auxiliares de los jueces con quienes se comparten.
“Aunque el Ministerio Público es una parte del proceso, se debe a otras virtudes y compromisos éticos distintos a los del abogado de la defensa que se debe enteramente a su cliente de conformidad con el derecho. El Ministerio Público no solo se debe a la sociedad, incluso se debe al imputado, pero, por igual a mantener la confianza en el sistema de justicia en su totalidad”, detalla la carta.
“La crítica a los miembros del Poder Judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legitimidad que los distingue de aquellos elegidos mediante voto popular. Por ello la crítica a sus decisiones es la mejor manera de asegurar la transparencia e integridad de la labor judicial. Pero, la crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación. Ciertamente, hay decisiones que deben ser cuestionadas, no hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de recursos, con respeto y deferencia, pero bien fundamentado y con una exposición clara de los agravios”, precisa la magistrada en su carta”.
No obstante, añade, a modo de ejemplo, que “un magistrado investigado entabló una disputa culpando al Ministerio Público de las actuaciones en su contra, con una intervención que afecta la percepción de las investigaciones y su integridad”.
Explicó que hay sentencias que pudieran ser valoradas como no apegadas al derecho, y que no resistirían un examen desde el punto de vista de la coherencia y la lógica, pero que los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir esos asuntos.
“No se cuestiona el derecho de nadie a expresarse sobre distintos temas, en especial en casos de interés público, pero, no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del Ministerio Público, así como de las investigaciones en curso. Los miembros del Ministerio Público somos, ante todo, auxiliares de la justicia y debemos colaborar en mantener la confianza en las instituciones y contribuir a su mejora, con independencia que se discrepa de la decisión”, expresó la procuradora general.
Dijo que “esta agresividad mutua que ahora existe nos lleva a preguntarnos a quién beneficia, porque el perjudicado es evidente, al sistema de administración de justicia y sociedad. La población y la toma de los medios de comunicación para continuar el proceso por otras vías, pero, contra los jueces, no son más que municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente”.
Apeló al deber de decoro y respeto que los miembros del Ministerio Público deben exhibir no solo a todas las partes del proceso y la sociedad, también a los jueces y juezas que participan en la administración de justicia.
“Esta es una obligación que viene de las mejores virtudes de los miembros del Ministerio Público, por igual de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Reglamento Disciplinario y de la Constitución, a propósito del derecho al debido proceso, en su vertiente de la independencia, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva”, precisó.
Las últimas decisiones de jueces que han variado la prisión preventiva por otras medidas de coerción menos gravosas, específicamente en los casos por corrupción administrativa, desató una andanada de críticas por parte del Ministerio Público, representado en esos procesos por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Camacho dijo hoy: “Cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia”.
