No se exagera si se define como monstruosidad jurídica la orden de un juez suplente para liberar al prevenido Raúl Serumberto Reynoso Mota, alias Vantroi, acusado de participar en 36 asesinatos.

Al ordenar su libertad, el magistrado José Rosario Hernández impuso a Vantroi el pago de una garantía económica de 2.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica ante el fiscal.

A pesar de que el Ministerio Público presentó un prontuario criminal atribuido a ese imputado que incluye la posible comisión directa de 15 asesinatos y su vinculación en otros 21 homicidios, el juez optó por liberarlo.

Aunque el juez de los indicios no debe aplicar medidas cautelares desproporcionadas ni que tengan el efecto de pena anticipada, en el caso de un individuo imputado de al menos 15 asesinatos, la libertad pura y simple se traduce en monstruosa magnanimidad.

Es verdad que la prisión preventiva tiene carácter excepcional y que la libertad es la condición natural del ser humano, pero el legislador señala explícitamente los casos cuando el juez de lo preliminar ha de imponer apremio corporal como medida de coerción, entre los que se menciona la peligrosidad del procesado y la posibilidad de que incurra nuevamente en la comisión del crimen imputado.

En el caso del señor Vantroi la acusación establece que entre 2004 y 2005 participó en los asesinatos de cuatro policías, dos miembros de la Fuerza Aérea, uno de la Marina, un bombero y numerosos civiles.

A ese juez de Atención Permanente no le compete establecer la inocencia o culpabilidad del imputado; su misión es revisar los indicios y establecer las medidas cautelares que fueren pertinentes, entre las que sin dudas, debió figurar la prisión preventiva, si se toma en cuenta su extenso historial criminal y evidente peligrosidad.

Tan monstruosa sentencia no refleja independencia judicial o por negligencia del Ministerio Público, porque es como una bofetada a la sociedad dominicana, lacerada por la criminalidad, complicidad y venalidad.