El proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados con el voto mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por lo que se da por descontado que también será convertido en ley por el Senado, sin que se sepa si la comisión bicameral que tuvo a su cargo el estudio de esa pieza introdujo algún aporte significativo.

Esa iniciativa de ley de gasto público y de estimado de ingreso asciende a 1 billón 744 mil millones de pesos, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que se proyecta recaudar 1 billón, 342 mil 258.2 millones, lo que situaría el déficit fiscal en tan solo 1.7 % del PIB, cifra señalada como quimérica.

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Ese Presupuesto sería aprobado sin la indexación salarial que dispone el Código Tributario que liberaría del pago sobre la renta a empleados que devenguen hasta 52 mil pesos mensuales, para lo cual se introdujo un artículo que dispone aplazar su conocimiento sin fecha determinada.

Esta vez no fueron tan prolíferas las discusiones, disenso o consenso al interior de la comisión bicameral que auscultó el contenido de ese proyecto ni por los sectores económicos o sociales que acostumbran a recrear públicamente sus objeciones o reclamos.

Después de que esa propuesta de ley sea refrendada en el Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo lloverán las quejas procedentes de partidos, empresariado, sindicatos y sociedad civil en torno a lo mucho o lo poco de las partidas asignadas a Educación, Salud, Defensa, Trabajo, vivienda, inclusión social, mina y energía, agropecuaria y otras áreas incluidas en el gasto público

No se sabe si el Gobierno, Congreso y sociedad consensuaron diseñar un proyecto de Presupuesto que refleje reducción del gasto e incremento de la inversión o que ofrezca seguridades de que el estimado de ingresos no sería tan fantasioso, como para no prever que en 2026 el déficit fiscal se reduciría en 1.6% del PIB.

Se subraya que esa pieza no prevé elaborar alguna reforma fiscal, al menos no públicamente, por lo que los técnicos que diseñaron ese esquema de ingresos y egresos deberían convencer a la población de que el remedio está en lograr más eficiencia tributaria y en el crecimiento vegetativo de la economía.

Ojalá que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 garantice adecuado flujo de inversión pública, reducción del gasto, mayor atención a la salud, educación, infraestructura vial, agricultura, agua potable, transporte, vivienda, inclusión social y generación de empleos y que no se intente afrontar el déficit con más endeudamiento público.