El traspaso de mil 500 miembros de las Fuerzas Armadas a la Policía y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incluidos oficiales y alistados, constituye una iniciativa puntal y efectiva que ayuda a relanzar el programa de prevención y combate contra la delincuencia y criminalidad.

Aunque lo deseable sería que los efectivos policiales de la Policía y de la agencia antidroga sean egresados de la Academia Policial que opera en Hatillo, San Cristóbal, constituye un contrasentido que los campamentos militares estén repletos de personal ocioso, mientras la institución del orden requiere de más agentes para poder frenar la creciente espiral de crímenes y delitos.

Esos mil 500 miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea rendirán sin dudas un valioso servicio en las filas policiales y de la DNCD, sin importar que su formación y entrenamiento haya sido para salvaguardar el territorio y la soberanía.

Sociedades con mayor nivel de desarrollo que la dominicana procuran obtener el mejor provecho de los recursos humanos bajo uniforme militar y los emplean, entre otras muchas tareas, en la protección de los Recursos Humanos, programa de lucha contra la pobreza, promoción de la cultura y en labores relacionadas con la prevención y persecución del crimen.

El alto mando de las Fuerzas Armadas ha ofrecido a la sociedad una demostración de madurez, compromiso cívico y solidaridad social al traspasar a la Policía a contingentes militares para participar en labores relacionadas con la seguridad ciudadana y el orden público.

Tal y como proclamó el ministro de los institutos castrenses, teniente general Virgilio Pérez Féliz, esos militares deben sentirse orgullos de pertenecer a la Policía y a la DNCD donde tendrán papeles de primer orden en la trascendente tarea de garantizar el sosiego público.

Esa inyección de personal militar a la Policía ha de tener efectos positivos en términos de elevar la moral del policía, consolidar conciencia sobre sus deberes y obligaciones y mejorar estándares de disciplina y efectividad.

La ciudadanía está en el deber de prestar toda colaboración a los militares que se estrenan como policías en la tarea de desalojar a los delincuentes de las calles, garantizar tranquilidad y seguridad pública y consolidar las labores de prevención de crímenes y delitos.