El fiscal de la provincia Santo Domingo se une al cada vez más amplio clamor ciudadano por la instauración de la cadena perpetua para asesinos en serie y como castigo para quienes violen y asesinen a sus víctimas menores de edad, una receta drástica menor a la pena de muerte sugerida por no pocos sectores de la sociedad como respuesta al auge de la criminalidad.

Aunque comprensible, la sugerencia del doctor Perfecto Acosta no tendría mayor efecto como contén a la desbordante delincuencia, a menos que las autoridades armonicen todas las iniciativas anticrimen, incluidas las relacionadas con la prevención, persecución, investigación y castigo a los infractores.

Aunque el Código Procesal Penal ha sido objeto de mayor escarnio por quienes lo consideran responsable de la benignidad judicial contra procesados por crímenes, es el Código Penal que requiere de la mayor atención del legislador para adecuar las penas a una realidad social matizada por la violencia y la degradación.

A una ciudadanía agobiada por la cotidianidad de asesinatos, asaltos, atracos, secuestros, violaciones sicariato, narcotráfico y otros crímenes, seguramente no le desagrada la idea de implantar aquí la pena de cadena perpetua o la de muerte o cualquier medida que ayude a contener la delincuencia.

Las cámaras legislativas ponderan otras iniciativas como la de elevar a 50 años la pena máxima de reclusión y asimilar al Código Penal la figura de las condenas consecutivas contra un mismo infractor encontrado culpable por diversos delitos, con lo cual en vez de 30 o 50 años, el prevenido podría ser enviado a prisión hasta por un siglo.

Todas las opciones deberían estar abiertas al momento de revisar los códigos Penal y Procesal Penal, sin olvidar nunca que es menester dotar al Ministerio Público y a la Policía de un eficiente instrumental investigativo y criminológico, de disminuir los niveles de corrupción en esas instancias y de procurar que los jueces apliquen la ley y la condena.

El asesinato anoche del coronel César Augusto Ubrí Bocio, ayudante del jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a manos de supuestos atracadores que lo despojaron de una yipeta, ha desbordado una dilatada crisis de inseguridad pública, a la que hay que conjurar a cualquier costo.

Cadena perpetua, pena de muerte, condenas consecutivas o cualquier otra medicina no deberían descartarse del urgente recetario contra la creciente delincuencia y criminalidad que ha convertido a los hogares dominicanos en jaulas donde nadie quisiera salir para evitar tantos antisociales que andan sueltos en las calles con licencia para atracar, robar, violar, secuestrar y asesinar.