SANTO DOMINGO.- Como temeraria calificó hoy la defensa del mayor del Ejército, Elvin Roberto Rodgers Rodríguez, uno de los descargados la pasada semana, y quien fue acusado de proporcionar las armas de fuego utilizadas en los asaltos cometidos por la banda que lideraba el fallecido John Percival Matos, la apelación anunciada por la Fiscalía del Distrito Nacional.
La abogada Sonia Marleni Guerrero, representante de Rodgers Rodríguez, confía en que la Corte de Apelación ratificará la sentencia de descargo emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en favor de su cliente.
“La mala investigación del Ministerio Público va a seguir adelante en este proceso, porque el tribunal fue claro al establecer que no hubo una orden cuando se realizó el allanamiento, y peor aún que el fiscal que ejecutó el allanamiento no estaba habilitado ni capacitado para llevarlo a cabo”, adujo Guerrero.
La fiscal Rosalba Ramos anunció que el Ministerio Público apelará la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó al mayor del Ejército Rodgers Rodríguez, por entender que existe contradicción e ilogicidad en la valoración que hizo el tribunal en cuanto a las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso en contra del imputado.
Indicó que la calidad habilitante del funcionario del Ministerio Público, cuestionada por la barra defensora y acogida por el tribunal, está amparada en el artículo 24 de Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público.
De igual forma, señaló que en las motivaciones de la sentencia también se tomaron en cuenta los argumentos establecidos por los abogados de la defensa, quienes alegaron que no le fue presentada ni notificada la orden de allanamiento a su cliente, cuando el Ministerio Público sí cumplió con el debido proceso conforme a lo que establece la norma, procediendo a presentarle dicha orden.
La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, señaló que hubo una aplicación errónea de la ley respecto al fallo de absolución dictado a favor del mayor del Ejército, por las referidas contradicciones en la valoración que hizo el tribunal de las pruebas presentadas en contra del encartado.
Se recuerda que en el allanamiento ejecutado en la vivienda del acusado, en virtud de la orden judicial No. 0002-2017, se ocuparon diez tipos de armas de fuego, de las cuales Rodgers Rodríguez solo tenía asignada la del Ejército mientras que de las demás no tenía ningún tipo de documentación en franca violación a los artículos 66 y 67 de la nueva Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
