Editorial

Cámara de Cuentas

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El hecho cierto es que dos abogadas de la Cámara de Cuentas presentaron ante el Ministerio Público una denuncia contra su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez, por supuesto acoso sexual y laboral, por lo que corresponde a las autoridades determinar si esa acusación posee méritos o carece de fundamento.

La Constitución de la República consigna que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, aunque en ese texto se establece privilegio de jurisdicción para funcionarios públicos, entre los que se incluye al titular de esa institución, que en primer término correspondería al Congreso determinar su permanencia o desvinculación del cargo por vía de un juicio político.

En el plano jurídico, el principio de presunción de inocencia cobija al licenciado Ramírez Sánchez en cualquier escenario donde se ventilen las denuncias formuladas por las abogadas Bella Massiel García y Virginia Ofelia Correa Jiménez, que solo puede ser derribado por una sentencia dotada de la cosa irremisiblemente juzgada.

Los titulares del Senado ni de la Cámara de Diputados poseen calidad jurídica para ejercer labores de conciliación, censura o defensa en favor o en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, a menos de que los hemiciclos sean apoderados ante una solicitud congresual en lineamiento con la Carta Magna.

Se censura que sobre este incidente se procure sacar provecho político o atribuir situaciones o circunstancias a conspiraciones contra la más alta instancia del Estado en materia de fiscalización del dinero público, porque al fin y al cabo lo que debería desearse es que ese órgano se fortalezca y no que se debilite.

La firma de acuerdos, pactos o consensos entre el titular y los miembros del directorio de la Cámara de Cuentas resulta irrelevante toda vez que esos servidores públicos juraron al asumir sus funciones respetar la ley y observar un desempeño ético y responsable.

Llama la atención que el licenciado Ramírez Sánchez no se ha referido de manera pública a la denuncia formulada por dos empleadas de la Cámara de Cuentas sobre supuestas situaciones de acoso, aunque es posible que él o sus abogados aborden el tema, si es requerido por el Ministerio Púbico.

A lo que se aspira es a que la Cámara de Cuentas sobreviva a la tormenta de quejas, denuncias y decires que laceran su todavía débil integridad ética y su endeble prestigio, aun no res

El Nacional

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