Una comisión especial de la Cámara de Diputados interrogó al presidente y a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas con el aparente propósito de identificar las causas que motivan la paralización de esa institución del Estado que posee rango constitucional.
Sin esperar los resultados de las entrevistas de los comisionados al titular, Janel Andrés Ramírez y a los directivos Tomasina Tolentino, Elsa Pena, Elsa Castaños y Mario Fernández, puede afirmarse que la sociedad ha sido de nuevo puesta de mojiganga por funcionarios públicos que convierten sus fueros en carrusel.
Los escándalos suscitados en torno a la gestión actual de la Cámara de Cuentas giran sobre temas como acusación o denuncia de acoso laboral contra su presidente, o la denuncia de ese servidor público de que se siente secuestrado por sus colegas que los obligan a violar la ley.
Decenas o centenares de auditorías o experticias contables en diferentes dependencias públicas se mantienen atascadas en entramados de chismes, presiones o confrontaciones de intereses entre los miembros de esa institución, como si las funciones de esos servidores públicos fuera la de jugar a la ruleta rusa.
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Hay razones de sobra para que la población se sienta de alguna manera defraudada, esquilmada y abusada por el fiasco que ha resultado una gestión que se suponía restablecería orden, transparencia, eficiencia y autonomía en la Cámara de Cuentas.
El circo se traslada al ámbito congresual donde las banderías políticas e intereses corporativos exhiben banderines en favor o en contra de romanos y gentiles, sin percatarse que de lo que se trata es de rescatar el prestigio de un órgano colegiado que funge como pilar de la institucionalidad.
Las investigaciones que encamina la comisión de la Cámara de Diputados tienen ribetes de puro teatro, burdo entretenimiento, ocultamiento, permisibilidad y de elaboración de recetas filisteas que ayuden al tratamiento de aguas negras.
Aún se ignora si las faltas imputables al presidente o a miembros del pleno de la Cámara de Cuentas son de naturaleza esencialmente penal, administrativa o ética, pero lo que se sabe es que la sociedad ha sido esquilmada y que de nuevo el órgano que fiscaliza el erario quedará embadurnado de conveniencias ajenas.
