Un funcionario de un organismo investigativo del Estado reveló recientemente que candidatos a puestos electivos, en la pasada campaña electoral, fueron financiados por el narcotráfico y que ofreció la información a la Procuraduría General de la República para los fines correspondientes.
Siempre se ha especulado y se ha tenido sospechas de legisladores y funcionarios municipales involucrados en esas ilícitas actividades, pero posiblemente es la primera vez que un hombre cercano al presidente de la República dice tener pruebas de que funcionarios recién electos (¡porque todos “ganaron!”) gozaron del auspicio económico del narcotráfico. El anuncio, aunque no sorprende a muchos, es grave.
Pero decir conocer a los diputados, senadores y síndicos vinculados al narcotráfico significa también conocer a los narcotraficantes dominicanos y extranjeros que dieron dinero a candidatos del PLD y del PRM. Una cosa es tan grave como la otra, gravedad que se multiplica al no tomar iniciativa judicial alguna contra individuos responsables de una práctica criminal. Ni siquiera revelan los nombres.
¿Dónde está el aporte que se le hace a la sociedad dominicana con este anuncio? El procurador, hace varias semanas, también habló de legisladores relacionados al narcotráfico, pero tampoco ofreció nombres ni mucho menos asumió el rol que le corresponde como máximo representante del Ministerio Público.
Podría estimarse que más que un aporte es un acto de irresponsabilidad el revelar públicamente conocimiento de personas vinculadas al bajo mundo y quedarse cruzado de brazos, cuando lo que procede es el apresamiento inmediato de esos delincuentes que ahora ostentan posiciones relevantes en el organigrama estatal.
La conducta de esos dos funcionarios, sin embargo, lleva a la conclusión de que ni uno puede dar nombres ni el otro puede proceder sin la anuencia del presidente de la República, situación que oferta interpretaciones y lecturas múltiples de la realidad y del sucio carácter de la política dominicana.
