Salud Pública ha clausurado 12 establecimientos de salud que operaban ilegalmente o que no cumplían con estándares de calidad fijados por ese ministerio, una medida que debe extenderse por todo el territorio nacional donde operan decenas de clínicas, consultorios y laboratorios sin ningún tipo de control sanitario.

Entre los cerrados figuran locales de compra, venta y almacenamiento de sangre, centros médicos, consultorios odontológicos que prestaban servicios en San Cristóbal, Peravia, Espaillat y San Pedro de Macorís, algunos sin ningún tipo de autorización o fiscalización de las autoridades sanitarias.

Son muchos los centros médicos o laboratorios que carecen de las más mínimas condiciones de estructura física, recursos humanos, equipamiento, documentación y gestión, por lo que se requiere que Salud Pública amplíe su labor de profilaxis con el cierre de esas carnicerías.

Puede decirse que son pocos los establecimientos de ese tipo que cumplen cabalmente con la Ley General de Salud, lo que coloca en graves riesgos a centenares de pacientes que acuden a esos lugares en busca de conjurar enfermedades o de realizar estudios médicos.

Oportuno es advertir que aún circulan medicamentos falsificados que se elaboran en traspatio y se expenden en farmacia o quincallerías habilitadas para promover ese negocio criminal que ha extendido sus ramificaciones por toda la geografía.

En cualquier callejuela se instalan laboratorios donde se comercializa y se procesa sangre sin la más mínima garantía de pulcritud, lo que ha sido causa de que no pocos pacientes contraigan enfermedades catastróficas como hepatitis o Sida a través de transfusiones sanguíneas.

Ojalá que esta vez la decisión de las autoridades, de cerrar establecimientos de salud que operan ilegalmente o que no cumplen con la ley, no colisione con poderosos intereses que han impedido clausurar supermercados de medicinas falsificadas o clínicas que operan como carnicería aborteras.

El Gobierno tiene la obligación de garantizar adecuados servicios de salud a la población, aun sean los ofrecidos en el ámbito privado que también tienen que sujetarse a la Ley General de Salud o atenerse a un cierre definitivo.