CARTAS DE LOS LECTORES

Amagando y no dando
Señor director:
Durante mas de una y media década se han venido produciendo escándalos en periodos de inscripción en los colegios privados debido al aumento de la tarifa mensual por alumno que deben pagar los padres o tutores. A esos viejos escándalos se sumó otro el pasado 2013, cuando el presidente de los diputados, Abel Martínez, hizo una catarsis, al percatarse que en la venta de los textos escolares a sobreprecio mediaba un híper negocio tipificado como mafia. La catarsis encontró apoyo dentro y fuera del congreso pero al correr los meses se desvaneció y lo mismo ocurrió con el incremento de la tarifa mensual. Todavía los padres están esperando respuesta.
Existe la ley 86/00 que ordena algunos procedimientos que permitan fijar la tarifa a cobrar. Establece por ejemplo, la categorización de los centros de enseñanza según las condiciones generales de los mismos y la calidad de los procesos educativos que incluye la profesionalidad de los docentes. En el año 2003 se inició esa categorización pero no se le ha dado continuidad. Bien pudiera esta ley ser ampliada y establecer en ella controles para la venta de los libros de texto y así estrangular el híper negocio que durante años llevan en contubernio las casas editoras y los colegios privados. En febrero debió estar lista cualquier disposición en relación a este caso, pues desde ese mes se confirma la continuación o no de los estudiantes en el colegio y se preseleccionan los nuevos ingresantes.

El Ministerio de Educación tiene calidad legal de tomar medidas al respecto, sin cometer exceso, pues si bien la Constitución y la Ley 66’97 establecen la libertad de enseñanza, también le da al ministerio educativo la autoridad supervisora de lo que se hace en los centros de enseñaza privados. El descomedido aumento tarifario cada año, el sobreprecio de los textos escolares y su cambio cada vez que a un colegio se le antoje, mas la carestía de otros insumos y actividades que conllevan pago obligatorio vacían los bolsillos de los padres pobres y merman injustamente los de los pudientes aunque sean éstos muy hondos.

Tanto el Ministerio de Educación como el Congreso Nacional, deben tomar medidas vehementes, serias y equilibradas para regular esto, pues no es aceptable que cada proceso de inscripción afloren las mismas quejas de los padres y tutores, y el mismo cliché de las autoridades competentes, empeorando en vez de mejorar la situación, pues pierden la autoridad por blandengues o por cuestión de intereses, y en esa vacilación les pasan los años amagando pero no dando y los padres pagando.
Atentamente,
Lic. Santiago Martínez