El director Ejecutivo de Casa Abierta lamentó que el Gobierno dominicano haya fracasado en la implementación de programas de prevención contra el consumo de droga. El licenciado Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo expresó que el problema existe porque las políticas gubernamentales en materia de prevención son anticuadas y se continúa promoviendo “una mirada anacrónica que mantiene la ultraprohibición como estandarte, y la represión selectiva como estrategia”.

”Nuestras autoridades siguen ciegas y sordas a cualquier estrategia que no sea el modelo represivo”, sometiendo la juventud al chantaje y los encarcelamientos injustos para cobrar rescate a sus familias, expresó el orientador de jóvenes con adicción al consumo de drogas.

El director ejecutivo de Casa Abierta habló en estos términos en base al informe anual de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) que concluyó que se ha registrado un aumento del tráfico de drogas ilegales en la región de Centroamérica y el Caribe.

El Psicólogo Rosa Hidalgo expresó que según las informaciones que poseen el tráfico de drogas sigue aumentando en el país, porque las principales redes de drogas están utilizando la República Dominicana como vía de tránsito para enviar drogas a Europa.

Llamado

El director ejecutivo de Casa Abierta pidió a las autoridades gubernamentales en especial a la Dirección Nacional de Control de Drogas que reflexionen y cambien su política de trabajo y comprendan que se están enfrentando a un gran negocio internacional que solo tendrá éxito cuando ponga en ejecución un programa coherente entre la reducción de demanda y de la oferta.

Recomendó que es necesario estudiar los modelos de trabajo implementados por otros países de la región que han dado resultados efectivos reduciendo el consumo de drogas y sobre todo ayudando disminuir los problemas asociados, tales como la delincuencia y la violencia.

UN APUNTE

Estadísticas judiciales

Según las estadísticas judiciales más del 60% de las medidas de coerción que se conocen en las Oficinas de los Juzgados de Atención Permanente están relacionadas con el tráfico y consumo de estupefacientes entre estos cocaína y marihuana, y el restante 40% está relacionado con robos, violencia doméstica, atracos, falsificación y otros delitos menores.