Caso Alan García



Finalmente, Uruguay hizo lo correcto. La solicitud de asilo político hecha por el expresidente de Perú, Alan García, a la República de Uruguay, fue rechazada por el presidente Tabaré Vásquez, sobre la base de que “las investigaciones realizadas concluyen que el caso de Alan García no es una persecución política, ya que en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y especialmente el Poder Judicial”.

García está siendo investigado por su vinculación con el caso Odebrecht. Solo recordar que todos los expresidentes de Perú están siendo procesados por este caso: Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y el propio Fujimori (aunque por otros casos), todos tienen medidas de coerción en su contra. De estos, solo Toledo no esta detenido, por residir en California, y contra él, pesa una orden de extradición.

García residía en España, y viajó a Lima, para acudir a un interrogatorio, en el cual la Fiscalía había advertido que solicitaría impedimento de salida. Antes de la audiencia, García entró a la sede de la residencia del Embajador de Uruguay en Lima, y solicitó el asilo político. Las circunstancias actuales son muy distintas a las vividas por el mismo García, cuando en 1992, se vió obligado a pedir asilo en Colombia, debido a que Fujimori había disuelto el Congreso, produciéndose un autogolpe, y no existían las garantías judiciales para ningún tipo de proceso judicial.

¿Es actualmente Alan García objeto de una persecución política, característica clave para el otorgamiento del asilo político por Uruguay? Los hechos que actualmente se conocen públicamente y que guardan relación con el caso Odebrecht apuntan a que se trata de delitos penales, que son de la competencia de los tribunales del Perú. Mas aún, todos los expresidentes de Perú están siendo investigados y han sido objeto de medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva. Contrario al 1992, Perú es ejemplo de lucha contra la corrupción con el caso Odebrecht, porque ha reformulado el mecanismo de selección de los integrantes del Poder Judicial, que actúa con independencia.

Ciertamente Uruguay tiene una tradición de ser país demócrata y acogedor de perseguidos políticos. Su decisión de no acoger la asilo político es una decisión soberana de Uruguay, sobre la base de la documentación del caso Odebrecht en Perú. Sin embargo, no es Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se asiló en la Embajada de Colombia en enero de 1949, y que fue un caso trascendental que transformó la figura jurídica del asilo político. La defensa de García debe ser otra, y en el terreno propio, el de la justicia peruana.