Con todo y contar con sonoro respaldo mediático son muchos los que piensan que los fiscales en el juicio para conocer medidas de coerción a los imputados en la “Operación anti-Pulpo” no estuvieron a la altura del caso, sobre todo en lo relativo a argumentos convincentes.

Abundó el protagonismo personal, como cuando la fiscal Yeni Berenice Reynoso declaró que como santiaguera se ocuparía de ellos y otras expresiones por el estilo. Durante del desarrollo del juicio, en el que se impuso prisión preventiva a siete, domiciliaria a tres y presentación periódica a uno, se habló de “tumbes” y de contrainteligencia, pero quedó en el aire si los implicados en las acciones serían procesados. Los dimes y diretes sustituyeron los argumentos.

Por más que se tratara de un proceso de indicios para sustentar medidas de coerción el Ministerio Público tenía que pasar páginas como la de que en la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el imputado Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, tenía más poder que su titular Francisco Pagán. O respuesta en el sentido de que la única magia financiera del acusado era ser hermano del entonces Presidente de la República.

Lo fundamental era demostrar cómo operaba la red que habría estafado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de tráfico de influencia, licitaciones amañadas y pagos irregulares. En el proceso son muchos los intereses económicos y políticos que están en juego.