No deja de plantear interrogantes los 18 meses tras las rejas que impuso la juez Kenya Romero a los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, mientras al excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y otros imputados en el caso Calamar se les impuso prisión domiciliaria.

¿Acaso Peralta y Guerrero, dos empresarios y dirigentes peledeístas, representan peligro de fuga para tener que esperar la apertura del juicio en la cárcel de Najayo? Las excepciones otorgan a la sentencia características que parecen propias de un juicio de fondo.

Castillo, quien también se desempeñó como ministro de Obras Públicas, y otros acusados de menor jerarquía en la Administración Pública, fueron sentenciados, además, al pago de una garantía económica.

Con su decisión la magistrada tilda a los exministros Administrativo y de Hacienda como dos personas peligrosas al mandarlos a la cárcel y no a prisión domiciliaria y algo de una garantía económica.

Entre las muchas interrogantes parece que la coordinadora de Atención Permanente del Distrito Nacional actuó bajo algún tipo de presión al enviar a la cárcel a dos de los principales imputados, al tiempo de declarar complejo el caso.

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Los 14 que se declararon culpables y cuatro de los seis que no lo hicieron prácticamente corrieron la misma suerte con una sentencia que Peralta y Guerrero cargaron con la peor parte.