El tema de la castración química a agresores sexuales como penalidad en castigo a sus crímenes nos recuerda la falta de profundidad que existe en la búsqueda de soluciones a los problemas de violencia social, de la clase que sea, y la ausencia de reconocimiento de las causas que generan nuestros males.

Así, desde un enfoque superficial de las cosas, la propuesta de castigos extremos como remedio nos identifica en el retroceso que, además de descarnado y violento, no acierta en sus estrategias para el desarrollo humano encaminado al respeto y el cambio.

La “limpieza social” en contextos de crisis como el que vivimos es una regla que se suele aplicar paralela a las normas por grupos oficiales encargados del orden y por poner un ejemplo, recordamos la caza criminal de niños de la calle en Brasil, en una época en que, brigadas policiales o escuadrones de la muerte, en uno de los períodos más sangrientos y no tan lejanos, actuaba.

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El uso de fármacos hormonales o castración química es una manipulación hormonal conocida en medicina desde la década de los 1940 para manipular el comportamiento sexual y utilizada como castigo en algunos sistemas penales para control de la pedofilia y la pederastia, sobre todo.

Imagínense el nivel de cuidado que hay que tener con sustancias, administración, chequeos, monitoreos y evaluaciones, etc., con un consenso científico de resultados mínimos y en un tratamiento que ha de ser con consentimiento informado, respetando autonomías -aún de agresores- porque cualquier intervención sobre la salud física o mental, atenta contra la dignidad humana. Todo esto, en este país donde pocos procedimientos y protocolos se pueden controlar.

La epidemióloga social Dra. Lory Heise, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, propuso en 1998 el “modelo ecológico” para enfrentar la violencia contra mujeres, planteamiento que, desde entonces fue asumido por la Organización Mundial de la salud.

Heise decía que en el abordaje del fenómeno interactúan múltiples factores que incluyen las personas en su individualidad, sus relaciones, planteadas desde una cultura socializadora, lo comunitario desde los contextos y la intersección amplia de las realidades sociales, hasta la aplicación de políticas públicas de prevención, entre otros.

Y nosotros, afectados dentro de ese amplio panorama, nos decantamos por el castigo que es sabido no suprime prácticas porque no enseña ni previene, y que conduce a conductas más negativas.

De las medidas preventivas, no se habla porque preferimos seguir violando derechos y lo hacemos usando la para castigar violencia.