La amenaza de suspender los servicios que ofrecen clínicas privadas afiliadas al Seguro Familiar de Salud (SFS) y la advertencia de que el control que asumió el cabildo de Santo Domingo Norte sobre el vertedero Duquesa afectaría el clima de inversión extranjera, constituyen formas de coacción incompatibles con un régimen de derechos como el que se cree prevalece en República Dominicana.

En vez de recurrir pura y simplemente a las instancias contenciosas, judiciales o conciliatorias, se ha convertido en ley la costumbre de proferir, de intimidar o recurrir a medidas extremas como garantía de ganancia de causa, sin entender que la Constitución y el estatuto adjetivo definen la normativa para la resolución de conflictos.

La Asociación de Clínicas Privadas convocó a su membresía a negar servicios desde hoy a pacientes del régimen contributivo del SFS a menos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social incremente el per cápita por afiliado, orden que dejó sin efecto por el presuroso llamado al diálogo del ministro de la Presidencia.

No obstante, el presidente de ese gremio, doctor Rafael Mena, adelantó que la suspensión de servicio dependería de lo que nos ofrezca el ministro (Gustavo) Montalvo, con lo que la amenaza se mantiene como espada sobre el cuello de las autoridades.

Los empresarios Michel Lee Chin y Luis José Asilis, que reivindican el derecho de gerencia sobre el vertedero Duquesa, han advertido que la reputación del país como destino de la inversión extranjera ha quedado muy afectada por lo que definen como una expropiación dispuesta por la alcaldía de Santo Domingo Norte.

No se entiende cómo un conflicto de carácter jurídico entre una empresa y autoridades municipales puede afectar el clima de inversión, si todas las instancias contenciosas y judiciales están disponibles para reclamar derecho o procurar conciliación.

Se ha convertido en deporte nacional la censurable práctica de amenazar con huelgas, paros, negación de servicios o advertir catástrofes, como vía expedita para lograr reclamos, ventajas o para arrodillar al ente público, como si la intimidación y el chantaje fueran las mejores sendas hacia el entendimiento.

La amenaza de suspender servicios médicos y la advertencia de que República Dominicana perdería su reputación como destino para la inversión merecen la repulsa colectiva porque constituyen vías contrarias a las que la Constitución y las leyes ponen a disposición de los ciudadanos para reclamar derecho y exigir justicia.