La Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) se dijo que había decidido no exigir licencia, seguro ni placa a conductores de motocicletas, a los que sólo se les requeriría el uso del casco protector. El director de esa entidad, general José Anibán Sanz Jiminián, anunció hoy que se instalará una oficina para dotar a motoconchistas de tales documentos.

Miles de motociclistas circulan por calles y avenidas sin licencia, matrícula ni la póliza requerida para garantizar resarcimiento civil en caso de accidentes, lo que constituye un serio problema.

Es loable el esfuerzo que realiza Amet para lograr que todos los motoconchistas usen casco protector como forma de evitar muerte o lesiones graves, pero esa institución no puede ni debe renunciar a su obligación de hacer cumplir la ley.

No es posible que para estimular que un ciudadano cumpla con una disposición legal, la autoridad le exonere del cumplimiento de otras obligaciones, con lo que se crea un tipo de privilegio que otros sectores del transporte exigirían para sí.

¿Qué hacer si choferes del concho que hoy obstaculizan la mayoría de las avenidas y corredores de tránsito, exigen que se les exonere de seguro, licencia y placa como condición para despejar la vía pública?

Todo adquiriente de una motocicleta está obligado a dotarla de la placa y seguro correspondiente y se sabe que para manipular ese vehículo se requiere de una licencia oficial, por lo que nadie debe alegar negligencia o justificar falta imputable.

Se resalta como positivo el anuncio del director de Amet de habilitar una oficina para dotar a los motoconchistas de la documentación requerida por la ley, pero es claro que nadie puede transitar sin portar esa documentación.

Resulta inaceptable que en aras de conseguir ese objetivo esa entidad renuncie a su obligación de exigir el cumplimiento de la ley.

La ley es igual para todos, sin importar condición social, credo religioso o filiación política, a menos que nos resignemos a vivir como chivos sin ley.