La renovada confrontación entre el presidente Donald Trump y el Poder Judicial en Estados Unidos eleva la inquietud sobre la suerte de la democracia en una nación cuyo sistema ha sido ejemplo en el planeta.

No solo con los ataques, sino con las violaciones de Trump a las decisiones de la Justicia comienza a diluirse esa independencia de los poderes que en Estados Unidos alcanzó carta de ciudadanía.

La confrontación ha llegado al extremo que el juez federal James E. Boasberg dijo que ha encontrado causa probable para declarar a la Administración de Trump en desacato criminal.

El magistrado acusó a funcionarios de expulsar precipitadamente a los deportados de Estados Unidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Pero lo que ha puesto la tapa al pomo es el desacato a la sentencia de la Corte Suprema que ordena regresar a Estados Unidos al salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado por error a su país.

Antes que respetar la decisión del Poder Judicial, el Gobierno ha justificado la deportación al presentar a Abrego García como criminal. La afirmación de Trump de que el magistrado Boasberg debe ser sometido a juicio político no pasa de opinión.

Lo grave para el sistema institucional es el desconocimiento de las leyes o que el Ejecutivo se coloque por encima de los demás poderes.

Con una dictadura como telón de fondo por primera vez en Estados Unidos, la crisis de poderes está planteada. Lo impredecible por ahora es el desenlace.