El misterio de los fiscales relacionados con la supuesta banda que borraba antecedentes de imputados de crímenes y delitos se ha prestado a las más variadas conjeturas.
El limbo en que están esos casos se ha concatenado con otras investigaciones que todavía están en el aire iniciadas hace más de tres años bajo la gestión de la actual procuradora Miriam Germán Brito.
A manera de ejemplo están los casos de las declaraciones juradas de congresistas actuales y salientes, así como de funcionarios y exfuncionarios. Pero también sobre los supuestos escándalos de corrupción en el Plan Social de la Presidencia, el Inaipi, el Ministerio de Obras Públicas y otras dependencias.
A más de dos meses nada se sabe, ni siquiera los nombres, de los siete fiscales involucrados por el Ministerio Público con la supuesta red que borraba fichas de imputados.
El Ministerio Público imputa a los encartados en la denomina “Operación Gavilán” borrar casi 17 mil fichas o antecedentes penales a supuestos criminales. Los casos que permanecen en el limbo minan, sin que nadie se llame a engaño, la confianza en el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
No deja de especularse o que se ha incurrido en ligereza con las acusaciones, con las que se buscaría más golpes de efectos que combatir la corrupción, o que se protege a algún sospechoso.
