En nuestro país no se tiene la debida conciencia de la trascendencia del tema electoral. La dimensión de este asunto tiene una decisiva repercusión en la fortaleza o debilidad que muestre el sistema democrático. Todo comienza con el respeto irrestricto que se debe al derecho fundamental de elegir y ser elegido. Todo termina con la publicación fiel de los resultados arrojados por las urnas, es decir, con acatar sin tergiversaciones ni manipulaciones, la libérrima voluntad popular.

Eso no ha sido así. Al contrario, la tradición pone de manifiesto un ejercicio del poder político con sentido de cooptación de los órganos constitucionales electorales, de tal manera que, tanto la participación en los certámenes, como el escrutinio del sufragio, han estado caracterizados por una ausencia de cumplimiento de directrices trazadas por la constitución dela república en la dirección de celebrar procesos auténticamente democráticos.

Lo anterior ha determinado el predominio de la estructuración de instituciones sobre la base del control de las mismas a través de incondicionales que garanticen la preservación de los privilegios y ventajas competitivas de los intereses que han sido responsables de sus designaciones.

Las excepciones de este método deleznable han sido escasas. La circunstancia descrita no se ha limitado al ámbito electoral, sino que se ha manifestado en la totalidad de los organismos extra poder, propiciando una carencia de institucionalidad que ha impedido poner punto final a una transición democrática que, entre nosotros, ha sido casi eterna.

De ahí la significación que, para nuestra democracia, tienen los esfuerzos que se vienen desplegando en ánimo de constituir entidades constitucionales claves con un espíritu de independencia de las estructuras clásicas del poder, con el objetivo de que puedan asumir sus delicadísimas funciones con sujeción exclusiva a mandatos constitucionales y legales.

No sería justo dejar de reconocer que los resultados de esta nueva actitud han empezado a reflejarse y es notorio el cuidado que se percibe en el aparato público por enmarcar sus actuaciones dentro de los criterios de legalidad establecidos, bajo la premisa de que, no actuar en esa dirección, tendría sus correspondientes consecuencias.
Hace poco, bajo esos criterios, se integró la JCE y ahora se procederá a completar el circuito electoral con el Tribunal Superior Electoral.

Estos dos organismos son los ejes fundamentales de la temática electoral. Uno en la vertiente administrativa y otro en la contenciosa electoral. Estoy persuadido de que la consolidación de nuestra institucionalidad estará garantizada.