La marcha realizada ayer en el centro histórico de Santiago contra la excesiva presencia de indocumentados haitianos en ese municipio debería servir de clarinada al Gobierno ante las consecuencias de un preocupante desbordamiento migratorio que ya requiere de alguna acción de control de conformidad con la ley.

Se admite que la inmigración haitiana constituye un tema espinoso y de múltiples aristas que dificultan su abordaje, pero ese flagelo ha hecho ya metástasis en casi toda la anatomía social y económica nacional, básicamente por su crecimiento desordenado que presiona como volcán en erupción la capacidad del Estado para promover y atender servicios públicos básicos.

Es verdad que la mano de obra haitiana es sobreexplotada por empleadores que violan el Código Laboral y la ley de contratación de personal extranjero, pero también debe decirse que esa masa de inmigrantes es causa primigenia salarial que se estima en más de un 30 por ciento, además de provocar desplazamiento en sectores básicos como agricultura, construcción y servicios.

Miles de familias haitianas emigran hacia el lado este de la isla para sumarse al ejército de desempleados o marginados, la mayoría de los cuales se refugian en barrios populares o asentamientos improvisados en las afueras de ciudades desde donde se trasladan a las áreas urbanas en procura de conseguir el sustento diario.

Una proporción considerable de esa migración desbordada que no logra insertarse en plantaciones rurales, se convierten en chiriperos, buhoneros callejeros que se multiplican por calles y avenidas, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

Sería una injusticia pretender vincular a participantes y organizadores en la marcha de ayer en Santiago con acciones xenófobas o racistas, porque esa manifestación ha sido la respuesta comunitaria a un grave problema de trasiego ilegal de indocumentados haitianos desde la frontera hasta la zona sur de ese municipio y poblaciones vecinas.

En ningún modo se aspira a retaliaciones derivadas de presiones chauvinistas o de exacerbado nacionalismo; lo que se reclama es que las autoridades apliquen un efectivo control migratorio, que incluya repatriaciones de ciudadanos indocumentados que no estén insertados en alguna actividad productiva o que infrinjan la ley penal.

La inmigración ilegal haitiana se ha desbordado, y ante esa realidad el Gobierno luce temeroso o dubitativo para de cumplir y hacer cumplir un estatuto migratorio que puede ejecutarse con sentido de humanidad y conveniencia geopolítica, pero nunca permitir que la situación llegue al extremo de que sea preciso que las comunidades convoquen a marchas públicas, como ocurrió ayer en Santiago