Después de más de un siglo de vigencia, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de modificación del Código Penal, que incluye aumento de la pena máxima de prisión de 30 a 40 años e instituye el cúmulo de penas hasta 60 años.

El texto en vigor corresponde al Código Napoleónico traducido en 1810, puesto en vigencia por decreto del presidente Ulises Heureaux en 1890, muchas veces revisado parcialmente, pero esta vez se incluyen nuevas figuras tipificadas infracciones penales que lo definen como un nuevo Código Penal.

La criminalización del aborto ha quedado insertada, con pena de dos a tres años a la mujer que provoque la interrupción del embarazo y de cuatro a diez al médico, enfermera, farmacéutico, partera o cualquier profesional de la medicina que lo cause, aunque exceptúa esas penalidades en los casos en que la vida de la madre corra peligro.

Se resalta que el legislador eliminó la pena de prisión en los casos de infracciones de difamación e injuria contra persona física o moral, lo que se sancionaría con multa de siete a diez salarios mínimos.

La corrupción o prevaricación ha sido otra de las infracciones sobre las cuales se endurecen las penas, que en lo adelante seria de 10 a 20 años para el peculado y malversación de fondos públicos, además de multas por 10 y 20 veces la suma malversada.

Los legisladores han incluido entre las modificaciones al Código Penal la inserción de figuras delictivas como el sicariato y la autoría intelectual del crimen y ha incrementado significativamente penas y multas para las infracciones de robo agravado y violencia doméstica.

Esas modificaciones, pendientes de ratificación en el Senado, no parecen llenar las expectativas de diversos sectores sociales que abogan por la despenalización total del aborto, la tipificación como crímenes o delitos de género la violencia contra la mujer y un incremento mayor de las penas aplicadas a las infracciones por peculado.

Aun así, puede afirmarse que tras once años de estudios, el Código Penal ha sido adaptado o al menos acercado a la realidad jurídica y a la dinámica social dominicana. Ojalá que no se convierta en especie de letra muerta.