Mientras, por un lado, grupos religiosos presionan al Senado para que se mantenga el Código Penal tal y como está, y por el otro, representaciones diversas de los derechos de todas las personas, sin exclusión, organizaciones e instituciones, como la PGR, representaciones de la sociedad civil, feministas y no feministas, grupos LGBTI+ solicitan que, senadores y senadoras, agoten la revisión correcta de este instrumento, el pueblo espera.

A finales de la semana pasada, un grupo de pastores evangélicos, reconocieron que la mayoría de los senadores son provida y no quieren que perima el Código en la presente legislatura, cosa que ellos apoyan. También, es conocida la opinión de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, como el Obispo de Baní y el Vicario de la Pastoral Familia y Vida, de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Todo, sin que haya pronunciamientos de parte del Episcopado que, tendría que coincidir con el papa Francisco, que ha tenido comedimiento ante el tema. (Léase el artículo de Chiqui Vicioso, del viernes pasado en este periódico https://elnacional.com.do/masalles/).

En realidad, la despenalización del aborto por 3 causales, no es la motivación mayor de quienes mantienen la reforma del Código penal estancada desde hace más de veinte años, no. Ese tema, es la obsesión del fanatismo religioso. El documento entregado al Senado por la Procuradora General de la República, Miriam Germán, tiene 11 sugerencias concretas de las cuales, 9 refieren al tratamiento de la corrupción cuando es administrativa y del Estado y ninguna al aborto. Ese es el verdadero problema para buena parte de la clase político partidista de este país.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, en una comunicación al presidente del Senado, el miércoles pasado, apropiadamente, recordaba a ese hemiciclo sus funciones y la importancia de la institucionalidad de este país, aconsejando que, “en el Senado debe tener lugar un amplio diálogo de legisladores con la comunidad jurídica, la academia y toda la sociedad, con el objetivo de lograr un intercambio que sea fructífero y coadyuve en el fortalecimiento de la actividad legislativa”.

Las representaciones de diversidad de iglesias cristianas dominicanas no han dicho nada de eso, demostrando que su interés se fundamenta en razones homofóbicas, misóginas y de odio, muy poco cristianas, por cierto, aferradas a la doble moral que tanto le conviene a esta asociación de poder entre la sociedad política y la religiosa.

El Congreso dominicano olvidó que representa al pueblo y mantener la corrupción administrativa en los estratos de poder, oficial y de facto, es su conveniencia y su meta. ¡Esa es la realidad!

Por: Susi Pola (susipola@gmail.com)