La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), junto a más de 60 de sus miembros, interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Durante una rueda de prensa, Codopyme sostuvo que la medida obedece a que dichos artículos “imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”. En consecuencia, aseguran que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad, el empleo y la competitividad del aparato productivo nacional.

El vocero del bloque empresarial y presidente de Codopyme, Fernando Pinales, advirtió que la normativa impugnada establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin relación con la generación real de residuos. Esto ha provocado incrementos que alcanzan hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior.

Señaló que la ley vulnera la libertad de empresa al obligar al pago de la contribución incluso a empresas inactivas, sin operaciones o sin generación de residuos, convirtiendo el tributo en una penalización por la mera existencia jurídica de la entidad.

Pinales considera, además, que la ley incide negativamente en los sectores sometidos a márgenes regulados, los cuales, pese a ostentar altos volúmenes de facturación, presentan una rentabilidad neta mínima, lo que compromete seriamente su viabilidad económica.

A ello se suma que las Mipymes fueron excluidas de la comisión prevista en la Ley 98-25, lo cual calificaron como grave e irrazonable, dado que estas unidades representan aproximadamente el 98 % del tejido productivo de la República Dominicana, vulnerando así los principios de representatividad y participación efectiva.

Otro de los señalamientos de la ADI es la ruptura del principio de igualdad y equidad tributaria, al tratar de igual forma a sujetos con realidades económicas distintas, sin considerar la capacidad contributiva ni la estructura de costos de las pequeñas empresas.

En cuanto al artículo 16, advirtieron que este impone auditorías anuales, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación que no fueron acompañadas de los debidos estudios de impacto económico.

“Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la quiebra de las Mipymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo”, expresaron los gremialistas al concluir su exposición.