Si no se ha llegado a acuerdos con vinculados al gigantesco escándalo de corrupción en Senasa, como afirmó la procuradora Yeni Berenice Reynoso, la coerción que se solicitó contra los encartados plantea privilegio en beneficio de relacionados con la trama.
Mientras al exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y a otros seis imputados se les impusieron 18 meses de prisión como medida de coerción, a tres que colaboraron con el Ministerio Público en la investigación se les solicitó prisión domiciliaria.
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No es la primera ocasión en que se apela a un recurso que aunque es legal, tiende a usarse para privilegios, aunque no hay dudas que la opacidad que lo ha rodeado se presta a conjeturas. La acción de los fiscales que favoreció a tres del grupo de implicados ha provocado ruidos en diversos sectores de la sociedad que entienden que debió usarse la misma vara para todos.

